Con la llegada de la pandemia a inicios del 2020 se dieron grandes cambios en los hábitos de consumo de las personas, la demanda por suministros médicos, alimentarios y domésticos tuvieron una elevada demanda durante este año. Por parte de los gobiernos se empezaron a mover grandes sumas de dinero, las ONG también movieron cifras importantes para cubrir los gastos generados por la pandemia y posteriormente debido a los rescates gubernamentales.
Y aunque todo esto pasaba y el mundo se mantenía en confinamientos, los delincuentes de cuello blanco debían seguir obteniendo ingresos, así que solo fue cuestión de tiempo para que estos convirtieran está crisis en una oportunidad.
El blanqueo de dinero siempre ha sido existido, sin embargo, no fue hasta 1980 que se consideró un delito, desde ese momento se han presionado a los países para aprobar leyes que ayuden a mitigar este acto, no fue hasta el famoso 11 de septiembre y de la aprobación de la Ley Patriota de Estados Unidos que se intensificaron los esfuerzos por prevenirlos.
El COVID, llegó para paralizar la economía mundial pero no así el fraude llegando a tener un despunte durante esta época. Los bancos tuvieron que lidiar con sucursales cerradas, atender de forma remota, limitar los servicios y redistribuirse, haciendo las labores más difíciles en estos tiempos.
Los bancos vieron su talón de Aquiles en estos tiempos con el lavado de dinero, a pesar de la gran cantidad de regulaciones no es suficiente para poder detener esta problemática ya que el sistema global contra el lavado de dinero tiene serios problemas estructurales.
Son tres los principales problemas que obstaculizan la lucha contra los delitos financieros: la falta de transparencia; falta de colaboración; y falta de recursos. En cuanto al primer problema, la transparencia, los investigadores a menudo tienen dificultades para identificar a los propietarios reales y «beneficiosos» de las empresas fantasma, que a menudo se esconden detrás de los nominados legales. Claro, no se puede negar que se han realizado algunos avances en el aumento de la visibilidad. Gran Bretaña por su parte lanzó un registro público de propietarios de empresas en 2016, lo que incitó a varios otros a seguir su ejemplo. Y Estados Unidos aprobó recientemente una ley que exige que los datos de propiedad de las empresas registradas a nivel estatal, incluso en las fábricas de incorporación de Delaware, se mantengan en un registro federal.
No obstante, muchos países aún evitan los registros y aquellos que los tienen han enfrentado problemas. En la misma Gran Bretaña, los delincuentes han estado dispuestos a arriesgarse a presentar información falsa, o ninguna en absoluto, dadas las modestas sanciones por hacerlo. Hong Kong, mientras tanto, planea reducir los detalles que los propietarios de las empresas deben revelar en su registro. La FATF busca endurecer su estándar sobre transparencia de beneficiarios reales; la versión actual dice simplemente que las «autoridades competentes» deben tener acceso a dicha información «de manera oportuna». Pero lograr que sus 39 miembros principales, desde Estados Unidos y la UE hasta China y Rusia, lleguen a un acuerdo sobre un nuevo texto no será tarea fácil. Según Pedro Luis Martin Olivares.
