Un asesor del primer ministro de Malasia necesitaba ayuda para gestionar con personas interpuestas empresas en la capital, Kuala Lumpur, y en Hong Kong. Los fiscales afirman que él y sus socios las utilizaron para desviar cientos de millones de dólares procedentes de un fondo de desarrollo económico del Gobierno.
Un fabricante ruso de rifles kaláshnikov, sometido a sanciones internacionales por conducta indebida, quería vender sus acciones de una gran mina de cobre a una turbia empresa de Mongolia. La venta desató una investigación por corrupción contra el entonces primer ministro de este último país.
El gigante tecnológico Apple estaba buscando un refugio fiscal para depositar en el exterior su montaña de dinero en efectivo.
Todos ellos tenían un amigo en el bufete de abogados más grande de Estados Unidos. Cuando los multimillonarios, las multinacionales y las personas con conexiones políticas pretenden ocultar su riqueza o evadir impuestos, recurren con frecuencia a Baker McKenzie, el gigante con sede en Chicago.
Con 4.700 abogados en 46 países y unos ingresos de 2.900 millones de dólares (2.500 millones de euros), Baker McKenzie se autodenomina “el bufete global original”. Forma parte de una docena de despachos estadounidenses y británicos que han creado grandes redes internacionales y han transformado la profesión jurídica. Baker McKenzie asegura que está comprometida con el Estado de derecho y con las más elevadas normas internacionales en materia de ética, derechos humanos y políticas anticorrupción. “Somos veraces y transparentes”, afirma el bufete en su código de conducta empresarial. “No hacemos negocios con personajes de mala reputación”.
Detrás de estas declaraciones se esconde una realidad evidente: Baker McKenzie es un arquitecto y un pilar de la economía sumergida, a menudo llamada offshore, que beneficia a los ricos a costa de las arcas de los países y del bolsillo del ciudadano de a pie.
Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela cómo Baker McKenzie ha ayudado a las multinacionales y a los adinerados a evadir impuestos y a evitar el escrutinio mediante el uso de sociedades instrumentales, fideicomisos y complejas estructuras en paraísos fiscales. Estos instrumentos, envueltos en el secreto, albergan enormes riquezas: casas, yates, acciones y dinero que, en ocasiones, tienen un origen turbio.
Entre los clientes se encuentran personas y empresas relacionadas con la corrupción política, prácticas empresariales fraudulentas y regímenes autoritarios.
Jho Low, que sirvió de asesor de Najib Razak, el entonces primer ministro de Malasia, recurrió profusamente a las filiales de Baker McKenzie. Low es ahora un fugitivo, acusado de pergeñar el saqueo multimillonario de un fondo de inversión público; está reclamado por Malasia, Estados Unidos y Singapur.
Rostec, el fabricante de armas ruso que vendió su participación en la mina de Mongolia, forma parte de la media docena de empresas rusas controladas por el Estado que han adjudicado contratos a Baker McKenzie, al tiempo que se enfrenta a sanciones internacionales.
Y Apple, que recurrió a Baker McKenzie para que la ayudase a encontrar un paraíso fiscal, se ha convertido en el preclaro ejemplo internacional de la evasión fiscal de las empresas en paraísos fiscales.
La investigación del ICIJ, basada en una nueva filtración de registros confidenciales, los Papeles de Pandora, ofrece ahora una mirada desde dentro sobre el papel que desempeña un selecto despacho de abogados en la economía opaca.
Entre el maremágnum de banqueros, contables, abogados y agentes de creación de empresas instrumentales, sobresale Baker McKenzie. El ICIJ descubrió que este despacho desempeñó un papel en los asuntos de más de 440 empresas registradas en paraísos fiscales.
Los documentos filtrados revelan que el bufete de abogados ayudó a crear sociedades instrumentales en Chipre para el gigante de la alimentación y el tabaco RJR Nabisco. Para Nike, colaboró en crear un refugio fiscal neerlandés. Según documentos judiciales de Estados Unidos, sus abogados ayudaron a Facebook a redirigir miles de millones de dólares de beneficios a Irlanda, un país de baja tributación.
Frente a esos datos, Baker McKenzie señalaba en una serie de declaraciones escritas al ICIJ que procura prestar el mejor asesoramiento jurídico y fiscal para ayudar a sus clientes a orientarse en el marco de unas normas mundiales “sumamente complejas, en constante evolución y a menudo contradictorias”.
“La transparencia y la responsabilidad son elementos integrales de este tipo de asesoramiento”, aseguraba su portavoz John McGuinness. “Nos esmeramos en garantizar que nuestros clientes se adhieran tanto a la ley como a las mejores prácticas”.
Vista panorámica de un pionero
Los documentos analizados para esta investigación aportan una panorámica del papel de Baker McKenzie como grupo de presión sobre leyes y reglamentos en todo el mundo, incluida su labor respecto a las medidas relativas al blanqueo de dinero y los refugios fiscales. El bufete, actuando en nombre de los grandes bancos y las grandes empresas tecnológicas, se ha opuesto a las propuestas destinadas a reforzar la supervisión de la regulación financiera y las leyes fiscales.
En Emiratos Árabes Unidos, Baker McKenzie se apuntó un tanto por ayudar a crear “zonas libres”, áreas de bajos impuestos y normativas permisivas que según muchos críticos han propiciado las actividades ilícitas. En Australia, el bufete se opuso a una medida que pretendía atajar la evasión fiscal en paraísos fiscales por parte de las grandes compañías. Y en Estados Unidos, mediante presiones para favorecer a bancos multinacionales, quiso eximir a más clientes extranjeros de las reglas de comprobación debida con las que se pretendía impedir el blanqueo de capitales.
En conjunto, el ICIJ descubrió, como parte de la investigación de los Papeles de Pandora, que más de 300 abogados de Baker McKenzie han asesorado o representado a organismos estatales, nacionales o internacionales en asuntos como la legislación fiscal internacional y las reformas anticorrupción. Más de 220 empleados de Baker McKenzie en 35 países han ocupado puestos en organismos gubernamentales como los ministerios de Justicia, las oficinas tributarias, la Comisión de la UE o las oficinas de jefes de Estado.
Aunque no hay registros internos de Baker McKenzie entre los archivos filtrados, el bufete aparece en más de 7.500 documentos, mucho más que cualquier otro gran despacho de abogados estadounidense.
Muchos de los documentos en los que se menciona a Baker McKenzie proceden de tres proveedores en paraísos fiscales a los que el bufete o sus clientes encargaron trabajos: Trident Trust, con oficinas en las Islas Vírgenes Británicas; Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un bufete de abogados con sede en Panamá; y Asiaciti Trust, con sede en Singapur.
Baker McKenzie, uno de los bufetes de abogados corporativos más conocidos del mundo, es también pionero en el sector. Ha adoptado un modelo que permite a las empresas asociadas en el extranjero beneficiarse de una marca global sin compartir los beneficios o la responsabilidad. Fue uno de los primeros defensores de las estrategias de planificación fiscal que permiten a las grandes empresas y a las personas adineradas trasladar sus beneficios a paraísos fiscales sin tener que trasladar su operativa allí.
La búsqueda de paraísos fiscales es desde entonces el pan de cada día en el sector, una estrategia por la cual el ciudadano de a pie tiene que soportar la carga financiera de la que se libran los ricos y poderosos.
Fuente: Panamá Times
