En los últimos años hemos visto que el lavado de dinero no solo afecta al sector financiero y cada vez son más los sectores que se ven envueltos en este temay es por eso que desde finales de diciembre del 2020 se actualizaron los lineamientos del SAGRLART donde se aplicaron las 28 recomendaciones del GAFI.
En esas recomendaciones el Gafi señala la necesidad de establecer medidas regulatorias y de supervisión a actividades y profesionales no financieramente designados, según lo indica infolat en su reportaje. Colombia comprendió que el riesgo de lavado de activos y financieamiento del terrorismo está presente en diversos sectores de la economía.
La falsa percepción de que el lavado solo se encuentra presente en el sistema financiero, es que ha hecho que se descuiden otros y el lavado a avanza con un paso acelerado en las empresas del sector real. Se debe de aplicar a organizaciones que tengan actividades económicas en el sector inmobiliario, comercialicen piedras y metales preciosos y obras de ingeniería civil; que posean activos o ingresos mayores a 26.000 millones de pesos; estas estarán cobijadas.
Según las cifras de la Supersociedades, 1350 sociedades obligadas debían cumplir con el SARLAFT anterior. Con la modificación que se hizo recientemente, pasa a 7700 empresas aproximadamente que deben implementar el nuevo Sagrilaft, creciendo alrededor de 20 veces; según lo indica Actualícese.
Contar con políticas adecuadas y herramientas de monitoreo que permitan realizar una debida gestión de las normas antilavado podrían ahorrarles dinero a las empresas en multas, ya que como los explica Actualícese en su reporte, hay muchas empresas que llevan a cabo desarrollos por cumplir, poniendo lo mínimo, pero eso no reduce el riesgo y podría verse materialice un delito por vía de sus empresas.
Las multas que se presentan en este nuevo documento van para el representante legal, la empresa, el revisor fiscal y el oficial de cumplimiento y rondan los 18 millones de pesos, mientras que las empresas que no lo tengan implementado del todo antes de mayo del presente año podrían recibir una multa de hasta 500 millones de pesos, a esto también sumarle el impacto negativo que tendría esto en la reputación como consecuencia de la multa.
Estás actualizaciones responden a las recomendaciones del Grupo de Acciones Financiera Internacional GAFI, institución que realiza recomendaciones para que los países prevengan, investiguen y judialicen el lavado de activos.
