El Índice Antilavado de Basilea de 2022 muestra que América Latina está por debajo de la media mundial en lo que al lavado de dinero y la financiación del terrorismo se refiere.
Si bien países como Colombia han mejorado mucho en su posición en la clasificación mundial, otros como Haití se encuentran en riesgo alto.
Aun así, es preciso implementar una serie de medidas para reducir las cifras de delincuencia, dentro de los diferentes criterios.
¿A qué se refiere es este índice?
El Índice Antilavado de Basilea es un estudio especializado que recoge una serie de criterios para clasificar el riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo (LD/FT) a nivel mundial.
El encargado de publicarlo cada año es el Instituto de Gobernanza de Basilea y, para ello, se basa en 15 fuentes públicas, como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), Transparencia Internacional, el Banco Mundial o el Foro Económico Mundial, entre otros.
Los indicadores analizados son:
- Calidad del marco ALD/CFT.
- Riesgo de corrupción.
- Transparencia financiera y normas.
- Transparencia pública y responsabilidad.
- Riesgo legal y político.
Cada uno de ellos tiene una importancia específica dentro del puntaje total e incluye, a su vez, varios baremos, tal y como muestra la siguiente tabla:
El Índice Antilavado de Basilea de 2022
Incluye un total de 128 países, lo que supone 18 más que el año anterior.
Teniendo en cuenta que 10 sería el riesgo máximo y 1, el mínimo, 2022 ha supuesto una ligera mejoría con respecto al periodo anterior. Mientras que, en 2021, alcanzaba la cifra de 5.30, en 2022 se sitúa en 5.25, a nivel mundial.
Tal y como indica el índice, “la mayoría de los países están dando un paso adelante y cuatro pasos atrás” y aún están muy lejos de conseguir su objetivo en la lucha contra el lavado de dinero. Dentro del ranquin, el país con menos riesgo es Finlandia, con una cifra de 2.88. Muy al contrario que la República Democrática del Congo, que presenta un nivel de 8.30, siendo el de mayor porcentaje.
El cumplimiento técnico y la transparencia
La transparencia resulta fundamental en lo que a las amenazas LD/FT respecta, puesto que es un índice para medir la prevención, detección, enjuiciamiento y sanción de los diferentes delitos financieros a los que tiene que hacer frente cada región. Sin embargo, existe una diferencia, cada vez más grande, entre el cumplimiento técnico de los distintos criterios y la eficacia en cuanto a transparencia de beneficiarios reales.
Los países son conscientes de la importancia de esta transparencia financiera y están tomando medidas al respecto. Por ejemplo, Colombia acaba de publicar una resolución –la 1240 del 28 de septiembre de 2022 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)– para ampliar el plazo para ofrecer información al Registro Único de Beneficiarios Finales. Aun así, la medida se presenta como insuficiente, teniendo en cuenta la dificultad para obtener los datos de aquellas personas que posean el 5% o más de una empresa, ya que dicha información solo está disponible para la Administración. Así mimos, Costa Rica es otra de las naciones que están regulando los registros centrales de beneficiarios reales.
A pesar de estas medidas, es preciso que todos los países incrementen sus esfuerzos a la hora de crear un registro de beneficiarios finales que pueda evitar delitos como el soborno, la corrupción, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La supervisión de los riesgos
Frente a la supervisión basada en reglas, existe la supervisión basada en riesgo. No obstante, la transición de un modelo a otro lleva su tiempo y requiere de una labor conjunta entre los supervisores, los gobiernos y el sector privado.
Es preciso que estos supervisores puedan asumir poderes, disponer de habilidades y poseer recursos suficientes para hacer frente a los distintos riesgos. Todo ello, junto con la ayuda de las fuerzas políticas y las empresas. Se trata de una labor de gran magnitud, dadas las diferencias entre las situaciones a las que se enfrenta cada organización y a su evolución constante.
De nuevo, Colombia es un buen ejemplo de progreso en este sentido. Allí, el Ministerio de Justicia y el Derecho, la Universidad del Rosario y la Superintendencia de Sociedades han publicado el documento Supervisión basada en riesgos en materia de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Su objetivo es ayudar a la Superintendencia a mejorar su labor de supervisión. Su actividad se está extrapolando a otras dependencias, como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Superintendencia de Economía Solidaria y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Delitos ambientales
Teniendo en cuenta que los delitos medioambientales son la cuarta actividad delictiva más grande del mundo, la lucha contra el antilavado y la financiación del terrorismo debe ir mucho más allá de los delitos financieros.
El índice muestra una correlación de casi el 100% entre LA/FT y delitos medioambientales: los países con bajo riesgo LA/FT muestran también bajo riesgo en lo que a delitos contra el medioambiente se refiere. Del mismo modo, cuando el riesgo es alto en uno de los criterios, también lo es en el otro.
Lucha contra la ciberdelincuencia
El lavado de dinero virtual es una de las actividades en auge, dentro del crimen organizado. A través de operaciones con criptomonedas y otros activos virtuales, los delincuentes van adquiriendo habilidades para realizar nuevos delitos y proceder al lavado de dinero de sus actividades ilegales -drogas, apuestas, armas, etc.-.
Mientras tanto, los gobiernos no avanzan al mismo nivel y carecen de habilidades en este aspecto, por lo que están poco preparados para combatirlos. Necesitan, de forma urgente, capacitarse y adquirir las herramientas adecuadas para convertirse en expertos en blockchain y recuperar las cantidades robadas por los ciberdelincuentes.
Para tener éxito, es preciso que exista una cooperación entre las empresas, la policía y el sector legislativo. De momento, se está trabajando en esta línea, generando leyes más restrictivas y es preciso que aquellos países que no se están ocupando de este tema le concedan la importancia que merece, cuanto antes.
¿Cuál es la situación de América Latina con respecto a este informe?
Es preciso indicar que, en 2022, hubo un cambio en relación con el número de países incluidos en el índice:
- Por un lado, las Islas Caimán y las Islas Turcas y Caicos han sido excluidos por carecer de datos.
- Por otro, aparecen países como Chile, Aruba, Granda y San Cristóbal y Nieves.
El nivel global es de 5.34, por debajo de la media mundial -situada en 5.25-. Haití y Nicaragua son los que se sitúan a la cabeza, presentando un nivel más alto. En general, la mayoría está dentro de lo normal.
El siguiente gráfico muestra el detalle, por países:
En cuanto a los criterios, se puede resumir de esta manera:
- La transparencia financiera y la rendición de cuentas se encuentran en el punto más alto.
- Los delitos medioambientales se presentan en mayor medida en países como Colombia, México y Perú, aunque, en general, el nivel de la región es medio o, incluso, bajo.
- Chile, Granada y Uruguay son los únicos con un nivel bajo en lo que a lavado de dinero se refiere.
El puntaje para cada uno de los delitos es el siguiente:
- Calidad del marco ALD/CFT: 5.51 -5.64, a nivel mundial-.
- Soborno y corrupción: 5.06 -4.62, a nivel mundial-.
- Transparencia financiera y estándares: 5.55 -4.88, a nivel mundial-.
- Transparencia pública y rendición de cuentas: 4.66 -4.05, a nivel mundial-.
- Riesgo legal y político: 4.57 -4.22, a nivel mundial-.
Una vez que conocemos el valor de cada riesgo, es conveniente analizar su evolución con respecto al año anterior. Es un dato que puede verse en la siguiente tabla:
Si hay un país que destaca por su evolución en los últimos años, ese es Colombia:
Ahora bien, aunque su posición en la lista de países mejor situados ha mejorado considerablemente, su puntaje no se ha visto reducido significativamente, por lo que es preciso seguir luchando para conseguir una regulación más eficiente: tal y como dijimos antes, es preciso focalizarse en el cumplimiento técnico y no solo en la eficacia de los sistemas ALD/CFT.
Conclusiones
Es preciso que la región continúe con su labor en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, esforzándose más por reducir las cifras. Solo así, se podrá llegar al riesgo cero, en lugar de avanzar a saltos hacia delante y, de nuevo, hacia atrás.
Todos los implicados en el proceso -políticos, legisladores, auditores, investigadores, unidades de inteligencia financiera, etc.- deben colaborar, para acortar distancias frente a los delincuentes y frenar sus actividades en este terreno. Así lo expresa Gretta Fenner, directora del Instituto de Gobernanza de Basilea: “(…) La lucha contra la corrupción y el lavado de dinero no es una competición, sino un esfuerzo de equipo”.
Para conseguirlo, es preciso llevar a cabo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En palabras de su expresidente, Xiangmin Liu: “El desafío que enfrentan muchos países hoy en día no es la ausencia de estándares globales integrales, sino la implementación efectiva de esos estándares”.
El trabajo realizado hasta ahora se presenta como insuficiente y es preciso un esfuerzo aún mayor.
Recomendaciones
Para conseguir ganarle la batalla a los delincuentes, en lo que a lavado de dinero y financiación del terrorismo se refiere, es preciso cumplir con las siguientes indicaciones:
- Mejorar las medidas ALD/CFT y las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), supervisarlas y asegurarse de que se llevan a la práctica.
- Es preciso que las empresas realicen auditorías internas para comprobar su cumplimiento de la normativa nacional e internacional en materia ALD/CFT, así como las recomendaciones del GAFI.
- Las APNFD deben reconocer su implicación en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
- Las autoridades deben verificar los delitos identificados y sus diferentes tipologías y que los modelos antilavado y contra la financiación del terrorismo son eficaces.
- También tienen que perfeccionar sus habilidades y herramientas relativas a evitar ciberdelitos, profundizando en el conocimiento de los riesgos LD/FT que conllevan y establecer las medidas necesarias para evitarlos.
- Hay que reducir la brecha entre la supervisión basada en reglas y la basada en riesgos.
- Trabajar en la transparencia financiera para reducir el soborno, la corrupción, la evasión fiscal, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
- Esforzarse más por crear medidas para identificar, controlar y gestionar a los beneficiarios finales.
“Es tiempo de cambiar nuestro enfoque en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo para hacer que realmente el modelo ALD/CFT funcione en la práctica y no solo en el papel”.
SmartSoft – Sentinel Fuente principal: |
