Las economías ilícitas y el enfoque basado en riesgos
El enfoque basado en riesgos EBR se puede entender como la definición y aplicación de medidas razonables, de acuerdo con los riesgos identificados. Hace algunos años el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI publicó un documento titulado Enfoque basado en riesgos para el sector bancario.
Hace varios meses se publicaron dos importantes investigaciones de interés, una fue el informe de Brookings Institution sobre la caza y pesca furtiva y el tráfico de vida silvestre en México y sus vínculos con China y la otra es un reporte de Insight Crime acerca del tráfico ilícito de ganado entre México y Centroamérica.
Las dos de comercio ilícito que suponen riesgos de lavado de dinero y de la participación cada vez mayor de organizaciones delictivas en la vida económica, generan profundas implicaciones para las economías regionales ya sea en términos de la integridad y legalidad de las cadenas de suministro como de la reconfiguración del mercado interno y externo. Ninguna de estas ocupa un lugar relevante en la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de 2020 (o al menos en la versión pública de esta) del gobierno mexicano.
La ENR se refiere al tráfico de vida silvestre en el contexto de la diversificación de actividades de grupos del crimen organizado. Sin embargo, esta mención resulta insuficiente para retratar y alertar sobre aspectos como los descritos en ambos reportes. Para muestra, se ilustran los siguientes ejemplos:
En pocos años, la pesca ilegal pasó de ser un mercado de nicho enfocado en especies de alto valor como la totoaba (de la cual extraen su vejiga natatoria para exportación a China), el abulón, algunas variedades de almejas y callos, entre otras y transitó hacia prácticas extorsivas y de ventas atadas de toda clase de especies independientemente de su valor y del estado de veda en que se encuentren. Los vínculos con mercados extranjeros no se limitan a los flujos comerciales entre México y China, sino que ya afectan a Estados Unidos, un principal socio comercial.
Por su parte, el tráfico de ganado brilla por su ausencia en la ENR. De hecho, antes del reporte poco se sabía del tema. Esto no es de sorprender pues se trata de dinámicas de comercio ilícito en la frontera sur que normalmente está asociada con el tráfico de drogas y de migrantes. La compleja cadena de suministro inicia en reservas y zonas de Guatemala, Honduras y Nicaragua, donde a ciencia cierta no se sabe la cantidad de cabezas de ganado en existencia. Luego, trasladan a los animales por la frontera de Chiapas y Tabasco donde operan redes de contrabando bajo el abrigo de la corrupción estatal para que estas cabezas de ganado se “legalicen”. Posteriormente, se sacrifican, procesan e infiltran en el mercado interno e incluso en el destinado para exportación. Se estima que el 10% de los productos de res consumidos en el país provienen del ganado traficado ilegalmente.
¿Por qué señalar estas ausencias de la ENR? En primer lugar, porque este documento es una de las piedras angulares del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) que rige al sistema antilavado de dinero y de financiamiento al terrorismo (PLD/FT) al menos desde 2003 y de manera más formal, a partir de la emisión de las guías publicadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en 2013.
En segundo lugar, porque esta evaluación permite priorizar, en teoría, los recursos tanto de las instituciones financieras, actividades y profesiones no financieras designadas como de las autoridades de supervisión, de inteligencia financiera y de aplicación de la ley.
Para los casos referidos, el temor es que las autoridades, el sistema financiero y las actividades vulnerables desconozcan los elementos básicos para evaluar objetivamente el nivel de riesgo. La noción clásica de riesgo se entiende como la probabilidad de ocurrencia de un suceso multiplicada por el valor de sus consecuencias (por ejemplo, alguna pérdida financiera o algún costo social). Pero, como bien señalan Reuter y Ferwerda (2022), en el ámbito del lavado de dinero, la probabilidad de ocurrencia se basa en el análisis de amenazas y vulnerabilidades; mientras que las consecuencias se ignoran hasta cierto punto, ya que persisten dificultades para medirlas empíricamente por lo que su análisis se limita a la percepción en muchas ocasiones.
Este tipo de riesgos como la pesca ilegal, el tráfico de especies y de ganado deberían ser tenidos en cuenta en la siguiente actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos. La penetración de grupos de crimen organizado en la economía legal no es simplemente un ejercicio de diversificación de su portafolio de actividades, también está íntimamente ligado al control territorial, al daño ambiental, a las distorsiones de precios, a la difusión de enfermedades zoonóticas, entre otras consecuencias socialmente costosas.
Ambos reportes demuestran la necesidad de replantear las opciones de política para resolver estos problemas. El sistema antilavado es tan solo una de muchas alternativas disponibles. Para que este funcione, es necesario conocer la verdadera distribución de los riesgos y en específico, cómo estos cambian a lo largo del tiempo acorde con las dinámicas locales y globales de los mercados ilícitos. De lo contrario, prevenir y sancionar estas conductas resulta poco menos que imposible.
